FGR detiene a Ángel Aguirre por presunta destrucción de evidencia de Ayotzinapa
La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tras hallar pruebas sobre la manipulación de indicios clave en el caso Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la detención de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, bajo acusaciones formales de haber ordenado la destrucción de evidencia fundamental relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La autoridad ministerial sostiene que existen pruebas plenas que vinculan al exfuncionario con acciones deliberadas para obstaculizar las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades federales, la captura se efectuó tras meses de diligencias ministeriales que permitieron acreditar la responsabilidad del exmandatario estatal. La FGR señala que Aguirre habría girado instrucciones directas para eliminar material probatorio que se encontraba bajo resguardo institucional, con el objetivo de alterar el curso de la indagatoria que, hasta la fecha, sigue siendo un tema prioritario en la agenda de justicia nacional.
El proceso judicial en contra del exgobernador se suma a las diversas etapas que ha enfrentado la investigación sobre los hechos violentos en Guerrero. La FGR ha enfatizado que este paso es determinante para esclarecer las redes de complicidad que permitieron la impunidad durante los años posteriores a la tragedia, buscando garantizar el derecho a la verdad de las familias de los jóvenes desaparecidos.
Tras su detención, el exgobernador fue puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas en una audiencia inicial. Por su parte, colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos han manifestado que esta aprehensión representa un avance significativo, aunque exigieron que se mantenga el rigor legal para evitar cualquier omisión en el desahogo de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha colaborado en el despliegue operativo para asegurar que el traslado y resguardo del imputado se realicen conforme a los protocolos vigentes. Mientras tanto, el caso continúa bajo la lupa de la opinión pública, que permanece expectante ante las posibles revelaciones que puedan surgir durante las audiencias del juicio que apenas comienza.


