viernes, 25 de septiembre de 2026
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México

Sheinbaum desvincula detención de alcalde de Juchitán de denuncias de Elvis Guerra

La Presidenta de México aclaró que el arresto del munícipe responde a procesos judiciales previos y no guarda relación directa con el caso del ciudadano Elvis Guerra.

Redacción El Análisis
Foto: sdpnoticias.com

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este sábado cualquier vínculo directo entre la reciente detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca, y las denuncias presentadas por el ciudadano Elvis Guerra. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal enfatizó que el proceso legal que enfrenta el edil responde estrictamente a investigaciones iniciadas con antelación por la Fiscalía General de la República y no como respuesta a las recientes acusaciones de extorsión y violencia que han dominado la agenda pública en la región.

El caso de Juchitán ha escalado en los últimos días tras el traslado del presidente municipal a un centro penitenciario federal en el Altiplano. La situación ha generado una fuerte presión política en la entidad, donde diversos sectores sociales y actores políticos han solicitado formalmente la desaparición de poderes en el ayuntamiento, argumentando una crisis de gobernabilidad ante las acusaciones que vinculan a grupos delictivos con la administración local.

Por su parte, la Presidencia de la República confirmó que se mantiene un canal de comunicación abierto con los afectados por actos de violencia en la zona. El encuentro sostenido recientemente entre la titular del Ejecutivo y Elvis Guerra, quien denunció un ataque armado y presuntos intentos de extorsión ligados a células criminales, busca dar seguimiento a la estrategia de seguridad integral que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementa actualmente en el Istmo de Tehuantepec.

La administración federal reiteró que las investigaciones contra funcionarios municipales se realizarán con total apego a derecho y sin distinciones políticas. El Gobierno de México subrayó que la prioridad es desarticular las redes de influencia delictiva en las estructuras de gobierno local, garantizando que el estado de derecho prevalezca sobre cualquier interés particular o partidista en la región oaxaqueña.

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