México exige a Estados Unidos frenar deportaciones de paisanos a terceros países

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha manifestado su inconformidad ante las autoridades estadounidenses por la práctica de deportar a ciudadanos mexicanos hacia países de Centroamérica. Esta medida, documentada en las últimas semanas, contraviene los acuerdos bilaterales de gestión migratoria, toda vez que México mantiene las puertas abiertas para recibir a sus connacionales en territorio nacional de forma directa y ordenada.

El gobierno de México sostiene que estas acciones generan una vulneración innecesaria a los derechos humanos de los repatriados, quienes son trasladados a entornos ajenos donde carecen de redes de apoyo. La SRE ha enfatizado que el territorio mexicano cuenta con la capacidad operativa y logística para gestionar el retorno seguro de sus ciudadanos, eliminando cualquier justificación para que Estados Unidos utilice terceros países como destino de las deportaciones.

Desde la cancillería se ha reiterado que la cooperación migratoria debe basarse en el respeto a la soberanía y en la dignidad de las personas. Por ello, el equipo de la secretaría ha iniciado mesas de diálogo de alto nivel con sus contrapartes estadounidenses para exigir el cese inmediato de estos traslados y asegurar que cualquier proceso de repatriación ocurra exclusivamente entre los dos países involucrados.

Esta situación ha generado preocupación en diversas organizaciones civiles que monitorean el tránsito migratorio en las fronteras. El gobierno federal mantiene la postura de que, mientras México garantiza canales de comunicación abiertos y acuerdos de recepción, no se debe permitir la dispersión de los mexicanos en regiones centroamericanas donde el Estado mexicano no tiene presencia para brindar asistencia consular inmediata.

La administración federal subraya que la política migratoria debe privilegiar la protección de la integridad física y jurídica de los connacionales. En consecuencia, las autoridades mexicanas esperan una pronta rectificación por parte de los servicios migratorios estadounidenses para retomar los protocolos estandarizados que rigen la relación entre ambas naciones en materia de movilidad humana.