La crisis de gobernabilidad en Sinaloa cuestiona el ejercicio del poder público
Yessica De Lamadrid analiza la distinción entre mandar y gobernar en Sinaloa, planteando interrogantes sobre la autoridad estatal vigente.
La estabilidad política en Sinaloa atraviesa un periodo de escrutinio público ante la creciente percepción ciudadana de una dualidad en el ejercicio del mando. La analista Yessica De Lamadrid ha puesto sobre la mesa un debate necesario: la diferencia sustancial entre tener la capacidad de imponer decisiones y la responsabilidad de gobernar mediante las instituciones del Estado. Esta reflexión surge en un contexto donde los habitantes señalan una desconexión entre la administración estatal y la realidad cotidiana que enfrentan las comunidades.
El cuestionamiento sobre quién ejerce realmente la autoridad en la entidad se intensifica al observar el papel de las instituciones frente a los grupos que operan al margen de la ley. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya mantiene su agenda institucional, diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por la aparente incapacidad del Estado para garantizar la paz pública y el orden en diversas regiones del estado. La distinción planteada sugiere que el ejercicio del poder formal se ve superado, en la práctica, por dinámicas de influencia ajenas al aparato gubernamental.
Esta situación ha generado un llamado constante hacia los tres niveles de gobierno para fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad federales, incluyendo a la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. La exigencia ciudadana se centra en que el gobierno recupere la rectoría del estado, no solo mediante la fuerza pública, sino a través de la reconstrucción de la confianza en las instituciones democráticas. Se propone que el diálogo social y la transparencia sean los ejes para recuperar la gobernabilidad perdida en los últimos meses.
Finalmente, la crisis de legitimidad en Sinaloa invita a una revisión profunda sobre cómo se articulan las políticas públicas en estados con presencia significativa de actividades ilícitas. La reflexión de De Lamadrid no busca solo señalar una deficiencia administrativa, sino subrayar la necesidad urgente de que el Estado mexicano retome su función primordial de proteger y servir a la ciudadanía. La resolución de este dilema político será determinante para el futuro inmediato de la entidad en el marco de la actual administración.
