Exdirector de la DEA exhorta a García Harfuch sobre Rocha Moya

Derek Maltz, quien se desempeñó como director interino de la Administración de Control de Drogas (DEA), emitió un pronunciamiento público en el que insta al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a facilitar la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el sistema de justicia de los Estados Unidos. Según el exfuncionario estadounidense, el mandatario estatal debería rendir cuentas ante las autoridades del país vecino debido a diversas investigaciones en curso que involucran a figuras de la política regional.

El exhorto de Maltz se suma a las tensiones diplomáticas y de seguridad que han marcado la relación bilateral en los últimos meses. La petición se fundamenta en la necesidad de esclarecer presuntos vínculos con organizaciones delictivas que operan en la entidad, un tema que ha sido objeto de señalamientos constantes por parte de agencias internacionales. Hasta el momento, el titular de la SSPC no ha emitido una respuesta directa sobre esta solicitud específica, manteniendo la postura oficial de colaboración institucional entre México y Estados Unidos bajo los mecanismos legales vigentes.

La situación jurídica del gobernador ha generado incertidumbre en diversos sectores de la vida pública nacional. Mientras las autoridades estadounidenses insisten en la importancia de la rendición de cuentas, las instancias mexicanas han enfatizado que cualquier procedimiento de extradición o colaboración judicial debe regirse estrictamente por los tratados internacionales y la soberanía del Estado mexicano. Este escenario pone a prueba la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las agencias extranjeras en el marco del combate al crimen organizado.

Por su parte, el equipo jurídico y de comunicación del gobierno de Sinaloa ha mantenido una postura de reserva respecto a los señalamientos de Maltz. Se espera que en los próximos días las autoridades federales, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, definan los cauces institucionales para atender las inquietudes planteadas por el exfuncionario de la DEA, reafirmando el compromiso con el debido proceso y el respeto a la ley en ambos lados de la frontera.