El huachicol fiscal persiste como reto tras reformas energéticas de 2013

El fenómeno conocido como huachicol fiscal se consolidó a partir de las reglas de mercado implementadas en 2013, las cuales permitieron brechas significativas en la importación de combustibles. Durante la pandemia de covid-19, las autoridades federales identificaron redes de evasión que operaban bajo la simulación de importar lubricantes y aditivos, productos que en realidad eran comercializados como gasolinas y diésel para evadir impuestos federales y aranceles.

Esta modalidad de contrabando técnico se benefició de la apertura del mercado energético, donde la falta de control en los puntos de internación facilitó que empresas fachada operaran sin supervisión efectiva. La SHCP y el SAT han señalado que estas operaciones no solo representan una pérdida millonaria para el erario, sino que también generan una competencia desleal para los permisionarios que cumplen con la normativa vigente y los estándares de calidad de PEMEX.

Aunque el gobierno federal ha intensificado las inspecciones en aduanas y terminales de almacenamiento, el desafío persiste debido a la complejidad de los esquemas financieros utilizados por los grupos delictivos. La estrategia actual se enfoca en fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Energía y las fuerzas de seguridad para cerrar los espacios que permitieron la proliferación de estos esquemas durante años anteriores.

Los esfuerzos por frenar este ilícito continúan con la implementación de nuevas políticas de vigilancia en los puertos y fronteras, buscando garantizar la legalidad en la cadena de suministro de hidrocarburos. El objetivo de las autoridades es regularizar el mercado interno mediante una supervisión más estricta sobre los volúmenes declarados frente a los comercializados, protegiendo así los ingresos públicos y la estabilidad del sector energético nacional.