Debate sobre impuestos a herencias requiere exenciones claras, señalan especialistas
Analistas advierten sobre la complejidad técnica y social de gravar sucesiones en México sin un marco legal que proteja el patrimonio familiar.
La posibilidad de implementar impuestos a las herencias en México ha generado un intenso debate técnico entre especialistas fiscales, quienes advierten que cualquier medida de este tipo resultaría inviable sin un esquema robusto de exenciones. En el contexto actual, el análisis se centra en la equidad tributaria y en evitar que la carga impositiva afecte desproporcionadamente a las familias que buscan preservar su patrimonio tras el fallecimiento de sus ascendientes.
El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido históricamente un actor clave en la interpretación de la capacidad contributiva de los ciudadanos. Especialistas señalan que, de avanzar una propuesta legislativa en el Congreso de la Unión, los tribunales tendrían que analizar si un impuesto sobre el patrimonio heredado no contraviene principios constitucionales de proporcionalidad, considerando que los bienes ya fueron gravados previamente durante su adquisición.
Uno de los puntos de mayor preocupación para los expertos es la situación de los fondos de ahorro para el retiro, conocidos como Afores. La legislación vigente protege estos recursos para garantizar la seguridad social de los trabajadores, por lo que cualquier reforma fiscal que pretenda gravar las herencias debería contemplar salvaguardas específicas para no vulnerar el ahorro de toda una vida destinado a la jubilación.
Desde el sector contable se argumenta que, ante la falta de una estructura impositiva clara, el riesgo de una doble tributación es elevado. Las propuestas que han circulado sugieren que, de existir un gravamen, este debería aplicar únicamente sobre grandes acervos hereditarios, dejando fuera a la vivienda y activos familiares básicos para evitar un impacto negativo en la economía doméstica.
Finalmente, el debate continúa abierto mientras se evalúan los posibles efectos en la recaudación federal y en la estructura de propiedad privada en el país. Por ahora, el consenso técnico subraya que cualquier cambio al sistema tributario debe ser equilibrado y contar con un amplio respaldo social, evitando medidas apresuradas que pudieran generar incertidumbre jurídica o un efecto contraproducente en la inversión a largo plazo.
